Ley de Educación Pública: se consolida el neoliberalismo

Luego de la revolución de los estudiantes el año 2006, el gobierno de la presidenta Bachelet creó el Consejo Asesor de Educación, que elaboró políticas para mejorar la calidad de la educación y dotar de una nueva institucionalidad al sistema educacional, derogando o sustituyendo la actual LOCE. Sin considerar estas propuestas el gobierno firmó un acuerdo por la Calidad de la Educación con la Derecha y la Concertación, que dio paso al proyecto de Ley General de Educación, ampliamente resistido por la comunidad, por no apuntar a la democratización de la educación, mantener el lucro y la selección de alumnos y relevar la libertad de enseñanza a un primer plano relativizando el derecho a la educación; evidenciando aspectos que hacen imposible mejorar la inequidad y la calidad de la educación que reciben los sectores más vulnerables de nuestra población dentro de este modelo.
Con el fin de lograr el apoyo de los parlamentarios díscolos de la Concertación, que luego cuestionaron el Acuerdo y el proyecto LEGE, el gobierno anuncia la elaboración y el envío de un proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que corrija aquellos aspectos que en la LEGE aparecen debilitando la existencia y la función de la educación pública municipal.
Hoy tenemos en el Parlamento el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, que es una iniciativa legal perfectamente coherente y complementaria a la LEGE, a la Superintendencia y a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, es decir una institucionalidad adscrita y funcional al modelo neoliberal que el gobierno ha venido aplicando, donde la educación se transforma en un “servicio educativo” y dejando de ser un derecho humano fundamental en una sociedad democrática.
Este proyecto de Ley no viene a solucionar el problema de la inequidad y la calidad de la educación en nuestro país, por el contrario, se continúa “valorando la participación de la empresa privada” en la educación, es decir legalizando el lucro y la selección de los alumnos por el factor económico (financiamiento compartido), y por consiguiente la estratificación de un sistema educativo que aumenta la brecha de calidad entre los distintos sectores, producto de la pésima distribución de los ingresos que todavía no se corrige en el país. Este proyecto sumado a la LEGE, que se tramita en el Parlamento, viene a consolidar el principio neoliberal de la “libertad de enseñanza” por sobre el derecho a la educación, cuyo objetivo final no es otro que la privatización de la educación, donde este proyecto es un gran paso estratégico para imponer la ideología del mercado en el sistema educativo.
Lo cierto es que el gobierno con este proyecto de Ley hace una jugada política engañosa que pretende convencer comunicacionalmete sobre el término de la municipalización de la educación y su paso a organismos públicos del Estado, pero en los hechos, lo que se propone es el abandono paulatino del rol fundamental que debe tener el Estado en la educación, creando organismos burocráticos externos que despojarán al Ministerio de Educación de sus facultades y atribuciones, como son el Servicio Nacional de Educación y las Corporaciones Públicas; organismos que tendrán la estructura y funcionamiento de empresa privada, que competirán en el mercado a través de metas, criterios, estándares, indicadores y evaluaciones aplicadas por organismos externos que velarán por “la calidad del servicio educativo que se brinda”.
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Desde esta perspectiva se observa que el gobierno hábilmente se desliga de la responsabilidad política que le corresponde asumir en un sistema educacional público, y traspasa esta responsabilidad a un Servicio Nacional de Educación y a las Corporaciones Públicas, dotándolas de autonomía y capacidad de gestión financiera y de personal que las haga responsables de los resultados de los aprendizajes, de la calidad de la educación, eximiendo al gobierno y al Estado del rol de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Estas Corporaciones serán dirigidas por un Directorio, donde participarán los Alcaldes y Concejales, quienes serán los administradores, gestores y sostenedores de los establecimientos educacionales, asesorados en el plano pedagógico por el Servicio Nacional de Educación, eliminando con este cambio toda la orgánica del Mineduc, de esta forma la pregunta que cabe hacerse es ¿para qué un Ministerio de Educación sin las facultades rectoras indispensable para robustecer la educación pública?
Muy pronto estaremos frente a un Ministerio que sólo se encargará de traspasar los recursos económicos a los distintos sostenedores, renunciando a las facultades y funciones inherentes a su creación. Por otra parte, en estas Corporaciones no se considera la integración del gremio ni de la comunidad educativa, como una mínima señal de participación democrática de la sociedad en el funcionamiento y la gestión de dichos organismos.
Con la creación del Servicio Nacional de Educación y las Corporaciones Públicas de Educación el Ministerio se aleja cada vez de los colegios y de los profesores, entregando funciones que le son indelegables a organismos externos, por la vía de de la licitación, entregando recursos del Estado a organismos privados que operan en el mercado de la educación. No cabe la menor duda que tanto el Servicio Nacional de Educación como las Corporaciones externalizarán todos los servicios educativos que requieran, se licitarán en el mercado las funciones que son obligación que cumpla el Ministerio de Educación.
Los hechos indican que todo avanza hacia la externalización de los servicios en educación y la reducción de los organismos y las funciones del Estado. Una vez más se impone el proyecto político de la Derecha, que impulsaba el traspaso de los colegios a Agencias de Educación, persistiendo en la total autonomía de los establecimientos, para transformarlos en Centros de Costo, en su lógica de mercado educacional, responsabilizándolos de sus resultados económicos y académicos, sin considerar los contextos donde están situados ni el capital cultural de los estudiantes.
Un problema fundamental que el proyecto no aborda es el sistema de financiamiento, que continuará siendo subsidiario, por lo cual la subvención por asistencia media seguirá siendo el factor de financiamiento de la educación, que castiga a los sectores más pobres y favorece a los grandes empresarios de la educación. El proyecto considera un financiamiento adicional para las Corporaciones de 1,2 UTM mensual por alumno matriculado, pagado en el mes de enero y considerando la matrícula media del año anterior. Además, se establece claramente el sueldo de los Consejeros en 2,5 UTM por sesiones mensuales (2 como máximo). Es decir, todo el financiamiento basado en un régimen de subvención del Estado, pero administrado y gestionado bajo las normas del mercado.
En el plano curricular, con un Ministerio que abandona sus funciones de planificación, gestión y evaluación en el ámbito pedagógico, se avecina la destrucción total de lo que queda como sistema nacional de educación. Estas Corporaciones podrán administrar colegios de
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diferentes comunas, de distintos estratos socioeconómicos y de realidades geográficas muy heterogéneas, por lo cual se corre el riesgo de perder la identidad nacional del currículo, no se abordarán las necesidades culturales y educativas regionales, comunales y locales, la riqueza que entrega el currículum oculto de cada localidad urbana o rural. Se implementará un currículum fragmentado en tantas Corporaciones Públicas existan en el país, acorde a la visión y al proyecto educativo que postulen. El peligro de la desideologización del currículum nacional, la pérdida de sus contenidos políticos y valóricos, es algo latente frente a entidades que administrarán y gestionarán la educación desde la óptica del mercado.
El proyecto en nada fortalece las atribuciones del Mineduc, las limita y todo lo fundamental en el plano pedagógico, de gestión administrativa y de evaluación a los Sostenedores, Colegios y personal docente lo deja al arbitrio de organismos externos, en este caso: la Superintendencia, la Agencia de Calidad, el Servicio Nacional de educación, el Consejo Nacional de Educación.
Resulta claro entonces que con un Ministerio de Educación reducido a su mínima expresión jamás contaremos con una educación pública de calidad y con un Estado que abandona su rol garante del derecho a la educación, no cabe duda que el “servicio educativo” se transará en el mercado.
En resumen los principales cambios que propone el proyecto y que nos afectarán gravemente son:
1. La creación de un Servicio Nacional de Educación que cumplirá funciones de planificación, supervisión, apoyo pedagógico y evaluación del sistema educativo. También contará con la facultad de gestionar y entregar recursos a las Corporaciones previo cumplimiento de metas. De paso se termina con los Departamentos Provinciales y no se sabe la suerte que correrán los SEREMIS.
Del mismo modo aparece como eminente la desaparición del CPEIP, puesto que su función y sus servicios serán reemplazados por organismos externos al Mineduc. Un nuevo desmantelamiento de los organismos del Estado para favorecer a la empresa privada.
2. La conformación de Corporaciones Locales de Educación Pública, que no terminan totalmente con la municipalización, pues sus directorios lo conformarán los Alcaldes y Concejales, más dos directores nombrados por el Ministerio de Educación. En su creación no se considera territorialidad, número de profesores y establecimientos, características socioculturales y económicas de los alumnos. Solo se establece la creación de 70 como máximo cada año a contar del 2011 y hasta el 2015. Bien pudiera suceder que una Corporación administre colegios de comunas muy lejanas y diferentes en su composición socioeconómica, todo dependerá del comportamiento del mercado educacional. Una prueba de ello es que estas Corporaciones tendrán la facultad de fusionar y cerrar escuelas sin ningún fundamento pedagógico, agravado además por lo establecido en la SEP. Una forma rápida de ir cerrando las escuelas públicas para favorecer la privatización.
3. Se mantiene el sistema de financiamiento subsidiario por asistencia media, es decir, no existe la voluntad de entregar más recursos a la educación pública, sino que mantener la competencia desigual por conseguir alumnos en el mercado. Reafirmando con esto que todos los proyectos y los cambios van en la línea de privilegiar la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, es decir, la aceptación legal del lucro en la educación, lo que distorsiona totalmente la función educativa.
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4. El proyecto en ninguna parte menciona qué ocurrirá con los colegios regidos por el Decreto Ley Nº 3166, por lo que se entiende que seguirán administrados por Corporaciones de Derecho Privado, siendo estos establecimientos los únicos que pertenecen al Estado y que se financian por medio de un presupuesto y no por subvención.
IMPLICANCIAS GREMIALES.
En el plano gremial es conveniente revisar los efectos que este proyecto puede tener para el trabajo gremial – sindical.
En primer lugar habría que definir con quién negociaremos a nivel nacional, ¿Con el Mineduc? ¿Con el Servicio Nacional de Educación? ¿Quiénes serán nuestros interlocutores en plano laboral, salarial y pedagógico? Tal vez se complejiza mucho más la negociación cuando las facultades y atribuciones del Mineduc se dispersan en otros organismos.
En el nivel comunal se corre el peligro de perder la identidad comunal de la organización gremial, ya que no se “negociará” con los Alcalde los temas locales, sino que con la respectiva Corporación, que puede agrupar colegios de diferentes comunas.
Se debe aclarar si estaremos en condiciones de seguir participando en la mesa del sector público, cuando nuestra relación laboral será con estas Corporaciones de Derecho Público, quienes para todos los efectos serán las entidades empleadoras. Por efecto de ello tendremos que enfrentar distintos Reglamentos Internos, dependiendo de la visión empresarial y laboral que tenga cada una de estas Corporaciones,
Además, por el cambio de empleador es muy probable que se distorsione nuestra actual estructura salarial, dado que, estas Corporaciones podrán crear estímulos individuales y colectivos para los docentes, basados en los resultados, con el fin de competir en el mercado, distorsionando la labor educativa y en vez de profesionalizarla se corre el riesgo de mercantilizarla.
Estamos obligados a concluir que este proyecto no representa las aspiraciones de la mayoría de la sociedad chilena, que esperaba una iniciativa legal que terminara con la municipalización entregando la administración y la gestión educativa de los establecimientos al Estado, con un diseño moderno y descentralizado como lo vienen realizando los países asiáticos y europeos, única alternativa para integrar a la población más pobres, a través de la educación, al beneficio del conocimiento y el desarrollo. Por el contrario, es posible afirmar que con la LEGE y este proyecto de Educación Pública se consolida aún más el modelo neoliberal en la educación .

Carlos Cifuentes López
Profesor de Castellano